La actual proliferación de la implantación en el medio rural de centrales de generación de energía eólica y de energía solar fotovoltaica viene produciéndose en nuestro país y, en particular, en Aragón, con una casi total ausencia de un proceso previo de planificación y ordenación territorial que integre sin contradicciones la necesaria transición energética hacia las energías renovables y la preservación de la calidad de los ecosistemas naturales y rurales, para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de ambas variables.
Otras muchas razones avalan la necesidad de elaborar previamente una planificación territorial adecuada de estas instalaciones, tales como las grandes dimensiones de los nuevos proyectos, tanto eólicos como fotovoltaicos, el menor impacto de dichas instalaciones cuando están próximas a grandes vías de comunicación, a las subestaciones de evacuación de energía o a los grandes centros de consumo, el permitir valorar la ubicación de los proyectos conforme a criterios de desarrollo territorial, ventajas tarifarias y otros de interés general y no por mera conveniencia de las empresas productoras, etcétera.
Ante esta situación, diversas instituciones y entidades, tanto científicas y profesionales como, incluso, de la propia Administración, vienen pronunciándose en los últimos tiempos a favor de la necesaria elaboración y aprobación de una planificación territorial previa a la implantación de los proyectos de energías renovables, lo que sin duda puede constituir un valioso argumento en las alegaciones y recursos contra este tipo de proyectos. Recogemos a continuación una pequeña pero relevante muestra de ello:
1.- Desde el campo científico y académico, un grupo de 23 investigadores españoles pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidades públicas y otros organismos de investigación publicó una carta el 11 de diciembre de 2020 en la prestigiosa revista Science (“Renewabes in Spain threaten biodiversity”. Science 370, 1282-1283). En ella se argumenta cómo el desarrollo de renovables a gran escala (eólica y fotovoltaica), tal y como se viene llevando a cabo y potenciando en España, puede suponer una pérdida de biodiversidad irreversible con unas consecuencias impredecibles. Ante esta situación, este prestigioso colectivo científico aboga por realizar una adecuada planificación en el desarrollo de las energías renovables, sin malas prácticas habituales como el fraccionamiento de proyectos, basada en el conocimiento técnico y científico generado y contrastada con independencia de empresas y promotores, así como por mejorar el proceso de evaluación ambiental, ya que su capacidad actual para anticipar el impacto real de los proyectos ha de ser cuestionada.
2.- Centrándonos ya en el ámbito de Aragón, el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) emitió el 25 de noviembre de 2020 el denominado “Informe de opinión del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón sobre parques eólicos y plantas solares. Propuestas de reducción de su impacto ambiental y de planificación y ordenación territorial”.
En dicho informe, el CPNA considera “necesario y urgente”, “planificar una estrategia territorial de implantación de proyectos de renovables”, “de forma previa a la tramitación de nuevos proyectos”, y entretanto “paralizar cautelarmente la aprobación de los mismos hasta contar con esta nueva planificación territorial”. El CPNA expone su criterio en los siguientes términos:
“El modelo más implantado en Aragón es el relativo a grandes proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas basados en iniciativas e inversiones fundamentalmente privadas. Modelo que genera una actividad industrial importante y genera algunos puestos de trabajo y beneficios en las zonas donde se asienta, además de inversión en I+D+i. El principal problema de estas grandes explotaciones se deriva de las afecciones medioambientales asociadas y la potencial saturación de grandes superficies y espacios abiertos, que puede condicionar el desarrollo de otras actividades terciarias y de la calidad de vida de los habitantes de las zonas donde se instalan. Para evitar esta saturación de partes de nuestro territorio por implantación de este tipo de proyectos, y para limitar la ubicación de los proyectos en zonas ambientalmente sensibles, este Consejo considera necesario y urgente (considerando el volumen de proyectos en tramitación para los próximos ejercicios), planificar, de forma previa a la tramitación de nuevos proyectos, una estrategia territorial de implantación de proyectos de renovables que incorpore tanto criterios de desarrollo socioeconómico, como criterios ambientales y paisajísticos, a la hora de seleccionar los emplazamientos más adecuados, dentro de las zonas con recursos renovables y posibilidades de evacuación de la energía producida. Esta última cuestión se podría desarrollar mediante la elaboración de una directriz específica de implantación de energías renovables en el contexto de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA). En este sentido, dado que la aprobación de dicha directriz debería de ser previa a la autorización de nuevos grandes proyectos en zonas ambientalmente conflictivas y excluyendo proyectos de abastecimiento local y auto-abastecimiento, se recomienda paralizar cautelarmente la aprobación de los mismos hasta contar con esta nueva planificación territorial.”
Más adelante, el CPNA se inclina por utilizar la técnica de la “zonificación”, bien conocida en el planeamiento urbanístico y territorial, como instrumento imprescindible para lograr un desarrollo equilibrado de la energía renovable en Aragón:
“En dicha estrategia se debería incorporar el modelo energético por el que se apuesta, en relación con el modelo de paisaje por zonas y con el modelo de protección de la biodiversidad, valorando la definición de zonas más o menos adecuadas, o incluso zonas saturadas de este tipo de proyectos. Esta información sería de vital importancia tanto para la orientación de las actividades socioeconómicas de los municipios, como para los promotores de energías renovables de cara a facilitar la búsqueda de nuevos emplazamientos. Sería recomendable incorporar a esta directriz un “mapa de sensibilidad ambiental” que zonifique qué zonas de Aragón deben ser, por sus valores ambientales y/o paisajísticos, excluidas o limitadas para la planificación de estos grandes proyectos de renovables. En esta zonificación se recomienda reconocer de forma especial los espacios protegidos de la Red Natural 2000, para los cuales, además, se debería de exigir una evaluación ambiental adecuada tal y como se señala en las directivas respectivas.”
3.- La Demarcación de Aragón del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP), formuló una declaración oficial publicada el día 3 de noviembre de 2021, que remitió al Gobierno de Aragón, a los grupos parlamentarios con representación en Las Cortes de Aragón y al resto de colegios profesionales. Dicha declaración consta de cinco puntos, la mayor parte de los cuales se refieren a la necesidad de una planificación territorial previa de las instalaciones de producción de energía eólica y fotovoltaica:
1- En primer lugar, aseguran los Ingenieros que es «absolutamente necesario y urgente que se elabore un documento de ordenación territorial que establezca los territorios que, por sus valores ecológicos, naturales, paisajísticos o culturales, deben estar exentos de este tipo de instalaciones«.
2- En segundo lugar, reclaman una tramitación «transparente» y con «participación pública efectiva y real» para la instalación de nuevos proyectos y señalan que «es llamativa la brevedad de los plazos que se otorgan para que los interesados puedan efectuar las alegaciones que estimen pertinentes, generalmente de solo un mes. La documentación suele ser extensa, lo que dificulta su lectura y comprensión, a lo que se añade la coincidencia de numerosos expedientes expuestos al público a la vez».
3- Asimismo, recuerdan que debe cumplirse la normativa urbanística de los municipios: «La facilidad con la que este tipo de instalaciones son declaradas de utilidad pública o de interés social permite, en muchos casos, que pretendan instalarse indiscriminadamente en cualquier lugar, aplicando laxamente la normativa urbanística municipal, que en su día no pudo prever la invasión de este tipo de instalaciones en su suelo no urbanizable«.
4- También exigen que los documentos de este tipo de proyectos, y su estudio de impacto ambiental, «deben tener la misma calidad, concreción y nivel de estudio que los proyectos de otro tipo de infraestructura«, analizando la propia instalación, los caminos que se deben trazar para construirla y sus posteriores líneas de evacuación.
5- Finalmente, desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos consideran que la «necesidad y la urgencia» del desarrollo de las energías renovables «no deben ser la excusa para disminuir las garantías que establece la legislación sobre la necesaria ordenación territorial y la protección medioambiental, que debería complementarse y reforzarse con una directriz especial de carácter sectorial sobre zonificación y características de implantación de estas instalaciones«.
4.- El Colegio Profesional de Biólogos de Aragón realizó también una declaración institucional, con fecha 24 de noviembre de 2021, en la que comienza por reclamar una planificación territorial adecuada para estos proyectos y una moratoria en su autorización hasta que se apruebe dicha planificación territorial:
“Ante la avalancha descontrolada de proyectos eólicos y fotovoltaicos, el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón (COPBA) demanda una moratoria a las nuevas autorizaciones hasta que exista en nuestra Comunidad Autónoma una planificación territorial adecuada de estos proyectos. La ausencia de una ordenación del territorio ante el reto de la implantación de energías renovables para combatir el cambio climático, nos ha puesto en una nueva situación que está llevando a un punto de difícil retorno”
Más adelante señala lo siguiente sobre dificultad para logar la necesaria valoración adecuada de los impactos ambientales, especialmente cuando no se cuenta con esa planificación territorial previa que pudiera facilitar la tarea:
“El elevado número de expedientes tramitados, así como la magnitud de muchos de los proyectos planteados está colapsando a los organismos públicos en nuestra Comunidad Autónoma, sobre todo al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y a la Dirección General de Política Energética y Minas, que tiene que resolver un escenario que oscila entre la simplificación administrativa, con denuncias de “exceso de burocracia”, y la adecuada valoración de los impactos con denuncias de “afecciones ambientales críticas sin considerar”.
5.- El propio Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, órgano de la Administración de la C.A. de Aragón, presidido por el Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, ha adoptado acuerdos poniendo de manifiesto su preocupación por la afección de estas instalaciones al paisaje, la fauna silvestre y, sobre todo, por la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial. Así lo hizo, por ejemplo, en la sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2021, al informar diversas actuaciones referidas a instalaciones eólicas en la provincia de Teruel (“P.E. Tosquilla” y otros), en los siguientes términos:
“Con algunas consideraciones sobre la obligación de conservación de los valores paisajísticos mediante la integración de todos los elementos de los proyectos en el paisaje, tanto en las fases de diseño y ejecución de las obras como en la explotación y en la restauración del medio afectado dando así cumplimiento a los objetivos 13.3. «Incrementar la participación de las energías renovables»,13.6. «Compatibilidad de infraestructuras energéticas y paisaje», los objetivos de sostenibilidad económica (objetivo 7), social (objetivo 8) y ambiental (Objetivo 6) señalados en el objetivo 14.1 «Implantación sostenible de las infraestructuras» y la conveniencia de realizar una reflexión sobre el objetivo 13.3.E1 de la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, aprobada por Decreto 202/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón; sobre las posibles afecciones directas a la fauna silvestre, a valorar por el órgano ambiental; sobre la necesaria cuantificación de los puestos de trabajo por cuenta ajena a crear y balance del impacto final sobre la actividad socioeconómica en el territorio afectado; sobre la actualización del análisis de visibilidad incluyendo las infraestructuras existentes, en tramitación o en proyecto ampliando el ámbito de estudio a 10 km, en su caso; sobre la necesaria conjugación de estas instalaciones con la previsión de los nuevos nodos eléctricos planificados; sobre la necesidad de incluir un estudio de tráfico y un plan de reposición de las vías deterioradas, en previsión de los desperfectos que van a sufrir las infraestructuras viarias como consecuencia del aumento de tráfico pesado y mostrando preocupación por la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial, que dificulta la completa valoración de los efectos acumulativos de estas infraestructuras en la zona de implantación.”
No queremos finalizar esta exposición sin recordar una vez más que estos pronunciamientos son únicamente una muestra de los muchos existentes a nivel autonómico y estatal y solo en el plano académico e institucional, pues la misma exigencia de planificación territorial previa viene planteándose desde asociaciones conservacionistas, plataformas de defensa del medio rural, y otros grupos de afectados.